Si Convergencia por Extremadura (CEx) lograra el suficiente respaldo ciudadano en 22 de mayo para contar con una amplia representación en la Asamblea lo primero que haría sería auditar a la Administración regional, "una auditoría tanto externa como interna y tanto fiscal como laboral", señala como una de las medidas de su programa.
"No es de recibo que cuando el Tribunal de Cuentas fiscaliza a la Junta de Extremadura solo un 1% de los contratos de la institución esté en regla, el informe de los últimos años fiscalizados así lo evidencia", sostiene el presidente de la formación, Juan Francisco Luis Martín. "Según el Tribunal de Cuentas, en la Junta de Extremadura, se han detectado, en los últimos años fiscalizados ausencia de publicidad, falta de transparencia y adjudicaciones a dedo en las contrataciones. ¿A cuánto asciende este montante total?", se pregunta el líder de la formación.
Pero las auditorías no estarán solo en la Junta, sino que llegarán a los 38 consorcios y fundaciones que dependen de ella, así como de la Sociedad de Gestión Pública de Extremadura (GPEx). "Recordemos que el holding de empresas públicas GPEx es una verdadera administración paralela que cuenta con más de 1.500 trabajadores contratados a dedo", señala el presidente y portavoz, que apunta además, que GPEx no está sometida a la Ley de Contratos, única que garantiza la igualdad e imparcialidad y que por lo tanto escapan al control del procedimiento y la legalidad, según CEx.
El Periódico de Extremadura
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